El Estado como garante del poder transnacional

Por Guillermo Alamino

En  los últimos años, el Estado se ha convertido en el principal garante de los intereses de las multinacionales mineras, a través de la acción de los tres  poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial.  En  nombre de la seguridad jurídica y  el “progreso”, las autoridades gubernamentales violan los derechos de las comunidades, para instalar proyectos extractivos en sus territorios.

Los años 90 marcaron un antes y un después en  materia minera del país. En esa década, Gioja gestó las normativas  neoliberales que regulan a la megamineria y, de esta manera, se abrió una nueva etapa en la historia exportadora argentina. Beneficios impositivos,  prohibición al Estado para explotar yacimientos y  un régimen ambiental propio  son  algunas características  del  marco legal minero, promovido por el Banco Mundial. Luego vinieron los Kirchner que continuaron con las políticas  reprimarizantes, en las que también están  incluidos los agronegocios, el fracking y la especulación inmobiliaria en los  grandes aglomerados urbanos.  Además, se aprobó la Ley Antiterrorista que legaliza la represión y la judicialización de  las luchas sociales. Se trata de la opresión en tiempos “democráticos”. Tiempos de una democracia y un Estado  que fue moldeado por organismos financieros internacionales y  dirigentes cómplices del despojo.

Resultado de imagen para policia en jachal represiónEn este sentido, la inoperancia de las instituciones  judiciales  y el poco interés de Uñac en  responder a las solicitudes de la Asamblea  Jáchal No se Toca  evidencian la presencia de un gobierno contaminado por las corporaciones. Hasta ahora, Barrick ha salido impune de todos los delitos ambientales o infracciones a la ley que ha cometido, como derrame de solución cianurada en los ríos, instalación en zona periglaciar, carencia de un seguro ambiental exigido por la Ley General de Ambiente, entre otros. Los funcionarios no ejercen su labor teniendo en cuenta las necesidades populares sino que, contrariamente, colocan en primer lugar los pedidos de las corporaciones. Barrick ejerce el poder real en la región. Es decir, el Estado se encarga de resguardar a las grandes firmas, mientras  las asambleas llevan a cabo la tarea de defender sus respectivos territorios ante el desamparo de las sucesivas administraciones públicas.

Esta problemática  nos  invita a reinventar la democracia, que se ha transformado en una ficción  donde el pueblo elije al próximo gerente de  la entrega de nuestros bienes comunes. Es una tarea urgente hacer frente a esta realidad, porque la vida de miles de compatriotas está en juego.  Hay que ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos, con el objetivo de  asegurar un Estado que  proteja  al pueblo y su patrimonio público.

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